En la actual discusión acerca de las medidas que afectan directamente a niños, niñas y adolescentes, estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Aparte de ser un error, es altamente peligroso para el resguardo de los derechos de los niños/as. Leyes y medidas como la revisión de mochilas, toque de queda, control preventivo de identidad, uso de fuerzas especiales en tomas de colegios, división del Sename y nuevo Código Penal, deben ser el correlato y expresión de una ley que, aunque prioritaria, ha sido sistemáticamente desplazada. Me refiero a la Ley de Protección Integral a los Derechos de la Niñez. Esta ley lleva casi 30 años siendo postergada, y es la que debe establecer mecanismos y dispositivos efectivos para resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile el año 1990.
Pero ¿por qué es tan importante? Porque da sentido, marco y límites a la discusión actual sobre la niñez. La historia nos ha demostrado ya demasiadas veces que, sin un marco de derechos explícitos que limite la acción de los estados y métodos que los hagan efectivos, estos derechos, son fácilmente pisoteados en base a otros intereses. Esta ley debe dar el tono y ser el pilar central para que todas las políticas y decisiones que involucran a la infancia y adolescencia, tengan como principio rector el interés superior del niño/a. Éste debe prevalecer por sobre los intereses políticos, ideológicos, económicos y religiosos de un país.
¿Qué debe contener esta ley para que cumpla su objetivo? Además de hacer explícito los derechos de la niñez que resguardará, y que deben estar por sobre otros derechos, es necesario que cuente con mecanismos efectivos de garantía y dispositivos locales. Mecanismos que garanticen los derechos de los niños/as más allá de lo judicial. Hoy prácticamente todo pasa por los tribunales de justicia, garantía o familia, y eso es un error, pues la judicialización en sí misma muchas veces es un nuevo foco de vulneración para los niños y niñas, y debe quedar como último recurso. Por eso, los dispositivos locales, Oficinas locales de infancia o de protección de derechos (OPD) deben contar con facultades reales para actuar: prevenir, detectar, intervenir posibles vulneraciones de derechos. Dotados de potestad suficiente para actuar en coordinación con la red pública y privada, hacer seguimiento y acompañamiento, en salud, educación, vivienda y todo lo necesario, adaptándose a la realidad y contexto familiar de cada niña o niño. Esta es la manera en que el Estado asumirá su rol de garante de los derechos de la niñez.
Nos preocupa que la agenda del país no establezca de manera explícita esta prioridad, que debiera marcar toda la discusión. Por esto, hacemos un llamado a los distintos actores políticos a que el compromiso por la niñez en Chile se traduzca en una ley de protección integral de los derechos de la niñez bajo los estándares que hemos expuesto. De lo contrario, será nuevamente la carreta delante de los bueyes.
JOSE ANDRÉS MURILLO
Director Ejecutivo Fundación para la Confianza
Columna publicada en el medio «La Tercera»
