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El día de ayer se dio a conocer el informe realizado por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), por encargo del Ministerio Público, en relación a la grave situación de violación sistemática de derechos humanos hacia niños, niñas y adolescentes en centros de protección y justicia juvenil del Servicio Nacional de Menores (SENAME).
La información que levanta esta investigación viene a reforzar la evidencia sobre la severa crisis que se ha dado a conocer a través de diversos informes (legislativos, gubernamentales y de organismos de derechos humanos e internacionales), con la excepción de que éste fue realizado dentro de un contexto de investigación penal que incluyó una visita a cada uno de los centros existentes en el país.
El informe tiene como fecha diciembre de 2018 y afirma expresamente que los resultados de la investigación contenida en 28 tomos fueron informados “a las autoridades de gobierno competentes” para la toma de decisiones.
Han transcurrido seis meses desde la confección de este informe, y aún no se conocen acciones desde la Fiscalía. Asimismo, la información que contiene, aunque sea preliminar, no fue reportada por ninguna de las autoridades competentes aludidas o por lo menos utilizada en procesos de investigación ni en decisiones importantes a nivel legislativo.
No es primera vez que información tan relevante en este ámbito no se transparenta o difunde con pertinencia, tal como sucedió con el Informe Jeldres, informes gubernamentales no publicados, la demora en la publicación de la Observación del INDH o información sobre los resultados de las visitas del Poder Judicial a los centros. Con esto, el camino hacia la justicia y abordaje del problema se complica profundamente, propiciando solo una mayor desconfianza hacia un sistema sumido en una crisis ya insostenible.
Hoy llamamos a todos los órganos y Poderes del Estado a cumplir su deber y permitir que todos los niñas y niños puedan acceder a reconocimiento y justicia, y con ello garantizar la reparación del daño que éste mismo ha causado.
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