Nuestro país aún no tiene una normativa a la altura de las directrices de la Convención. Al contrario de la gran mayoría de países latinoamericanos, Chile no cuenta con un sistema de protección integral de los derechos de la infancia, con mecanismos institucionales, programáticos y procesales, a nivel administrativo y judicial, nacional y local, que materialicen de forma efectiva el cumplimiento de los derechos de la infancia.
Se ha intentado diversas veces avanzar en esta línea sin éxito. Desde 2004 han existido cuatro mociones de reforma que consagren los derechos de la infancia a nivel constitucional y tres proyectos de ley sobre protección integral. Ninguno ha podido ser aprobado. El último en discusión (Boletín 10.315-18) está en el Senado, en la Comisión de Asuntos de Infancia.
